CARRILLO SOLARES, Santiago
Gijón, Cantabria, 1915 - Madrid, 2012.
Dirigente comunista. Se trasladó a
Madrid en la adolescencia, siguiendo el trabajo de su padre, el dirigente
socialista Wenceslao Carrillo. Pronto empezó a trabajar en la imprenta de El socialista, el órgano de expresión
del PSOE, y enseguida se afilió al sindicato UGT y a las Juventudes
Socialistas. Fue periodista político en las Cortes Constituyentes de la II
República. A finales de 1932 ingresó en la cárcel por vez primera, por un
artículo publicado en el periódico socialista Renovación, del que era director.
En 1934 se convirtió en
secretario general de la Federación Nacional de las Juventudes Socialistas;
como tal, fue uno de los miembros del comité que dirigió la Revolución de
Asturias que estalló en octubre ese año. Fue detenido con los demás dirigentes
revolucionarios -incluyendo a su padre, Wenceslao-, y permaneció en prisión
hasta febrero de 1936, fecha en que fueron amnistiados tras el triunfo
electoral del Frente Popular.
Su ideario evolucionó
enseguida hacia el comunismo, pero permaneció en el PSOE, en el sector de
Francisco Largo Caballero, durante mucho tiempo, porque se daba cuenta de que
esta formación era mucho más fuerte y eficaz que el incipiente Partido
Comunista de España (PCE). Sin embargo, poco a poco las Juventudes Socialistas
y las Comunistas se fueron aproximando; en abril de 1936, ambas se fusionaron
en una única organización de ideario comunista: las Juventudes Socialistas
Unificadas (JSU), cuyo secretario general fue Carrillo.
El Alzamiento Nacional le
encontró en París, en una reunión de la Internacional Comunista; combatió como
un soldado más en los frentes vascos, hasta que logró pasar a Madrid, que
parecía a punto de caer en las manos de los nacionales. Finalmente, se afilió
al PCE el 6 de noviembre de 1936, porque sus coincidencias ideológicas se
habían visto reforzadas por la eficacia y el orden con el que combatían los
batallones comunistas. Ese mismo día, el Gobierno de la República, presidido
por Largo Caballero, se marchó a Levante, dejando en Madrid una Junta de
Defensa presidida por el general José Miaja, en la que estuvo Carrillo como
consejero de Orden Público. La intención de la Junta era retrasar lo más
posible a los nacionales, que parecía que estaban a punto de tomar la capital;
sin embargo, ésta aún resistió durante más de dos años.
Durante este período se
produjo la matanza de presos de derechas en Paracuellos del Jarama (Madrid).
Durante el mes de noviembre, fueron asesinados en Madrid en varias sacas cerca de 2.000 presos, tanto
militares sublevados como civiles de talante conservador. Viendo que la caída
de Madrid era inminente, las autoridades tomaron la decisión de alejar del
frente a numerosos prisioneros, que enseguida habrían sido liberados por los
nacionales y habrían empezado a luchar contra la República. Sin embargo, el
destino de muchos de esos convoyes no fueron otras cárceles, sino que se los llevaron
a lugares apartados, donde fueron fusilados en masa. Las matanzas tuvieron
especial dureza en dos etapas: del 6 al 8, y del 28 al 30 de noviembre. Varios
convoyes de presos de las diferentes cárceles madrileñas -Modelo, Ventas,
Porlier, San Antón- fueron llevados a las inmediaciones de Torrejón de Ardoz y
Paracuellos del Jarama, donde fueron fusilados. El historiador Ian Gibson da
las siguientes cifras: cerca de mil muertos de la Modelo, cuatrocientos de San
Antón, otros tantos de Porlier y doscientos de Ventas (Gibson, Paracuellos, Plaza & Janés, págs.
180 y ss.).
El día 7, Carrillo había tomado posesión de su cargo de
consejero de Orden Público, por lo que la conducción de aquellos presos era
responsabilidad suya. Por eso, la derecha le ha acusado siempre de ser el
responsable directo de esta matanza.
El líder comunista ha explicado en sus memorias que en las
cárceles de Madrid había varios militares rebeldes, a los que había que evacuar
con urgencia porque los nacionales se estaban acercando. "Tardamos varios
días en saber que (los evacuados) habían sido interceptados y ejecutados, pero
nunca llegamos a saber por quién." Afirma que, en concreto, el convoy que
acabó en Paracuellos salió escoltado por fuerzas militares, y apunta que
pudieron caer en manos de "incontrolados" de los que pululaban por el
frente presas de un "odio cerval", sin que la escolta se molestara en
defenderlos. En aquellos momentos -siempre según Carrillo-, no se pudo abrir
ninguna investigación, porque tenían todos sus esfuerzos concentrados en la
defensa de Madrid. En todo caso, matiza que el problema de la seguridad de los
presos no era competencia de su Consejería (Carrillo, Memorias, Ed. Planeta, pág. 187 y ss.).
En una entrevista con Ian Gibson se defendió de estas
acusaciones con más detalle: él acabó con las chekas el mismo día en que tomó posesión de su cargo, el 7 de noviembre;
la Junta no tenía ninguna jurisdicción fuera de Madrid, por lo que no es
responsable de lo que ocurriera en las poblaciones de Paracuellos y Torrejón;
los encargados de la conducción de los presos eran militares, que no dependían
de la Junta; su consejería acababa de asumir el control de una ciudad dominada
por los nacionales, a punto de ser conquistada por unos enemigos fieros, que
habían cometido matanzas terribles en Badajoz o Andalucía; había muchos
elementos incontrolados, dominados por el odio o por el miedo, influidos por
los comisarios soviéticos que estaban acostumbrados a la brutaldad necesaria
para la revolución rusa de 1917... en estas circunstancias, según Carrillo, es
posible que algunos piquetes se hicieran con el mando de aquellos convoyes, por
la fuerza o contando con el desinterés de los guardianes, y perpetraran
aquellas matanzas de las que ni él ni la Junta supieron nada hasta un tiempo
después. "He podido pasar por ese período sin enterarme mucho de algunas
cosas que pasaban al margen de mí. Y luego, cuando tenía ecos, sin darles
demasiada gravedad, demasiada importancia" (Gibson, Ibíd., pág. 187 y ss.).
La conclusión que saca Gibson es menos benévola: afirma que es
difícil creer que Carrillo no supiera nada de las matanzas producidas los días
7 y 8, porque se trata de mil presos muertos en dos días, y ello supone una
infraestructura de hombres, municiones, permisos, coches... Piensa que la Junta
no podía ignorar lo que estaba pasando. Aunque se les hubieran escapado esas
primeras sacas, que coincidieron con
su llegada al poder, desde luego podían y debían haber frenado las siguientes,
en especial las de los últimos días de noviembre, que fueron igual de duras. El
historiador sospecha que Carrillo prefirió ignorar lo que estaba pasando, y
concluye que sí que tuvo responsabilidad, aunque sólo sea por omisión.
En 2005, Carrillo afirmó en el diario El país de manera tajante que él no dio las órdenes de ejecución, y
que, en cualquier caso, todas sus decisiones habrían necesitado la autorización
del general Miaja. Afirmó, además, lo siguiente: "(en un Madrid que
estaba) asediado por las tropas de Franco, bombardeado día y noche por la
aviación y la artillería enemigas que causaban miles de víctimas inocentes, con
la quinta columna tiroteando desde los tejados en cuanto anochecía, donde
carecíamos de soldados incluso para cubrir todas las bocacalles por las que
podrían entrar los atacantes; un Madrid que incluso el mismo Gobierno
republicano pensaba que sólo resistiría tres días, la Junta de Defensa carecía
de instrumentos para controlar plenamente la situación (...). Hubo que ir
improvisando a cada momento medios de fortuna para asegurar la defensa de
Madrid. Lo que sí había en Madrid y fuera de la ciudad era mucho odio a los
fascistas; miles de refugiados de Extremadura y Toledo (...) que ardían en
deseos de venganza. Y había también fuerzas incontroladas, como la columna del
Rosal o la columna de Hierro, que no se diferenciaban mucho de los que en
guerras actuales son denominados señores
de la guerra por su total autonomía y ninguna disciplina respecto a las
autoridades oficiales. Yo no puedo asumir otra responsabilidad que ésa; no
haberlo podido evitar". ("Réplica de Santiago Carrillo",
publicada en El país, sección
"Cartas al director" el 28 de octubre de 2005).
El historiador Ricardo de la Cierva, cuyo padre murió en una
de aquellas sacas, no tiene la menor duda de que las matanzas fueron
perpetradas "con expreso conocimiento del Gobierno de Madrid"
(Gibson, Ibid., págs 184-185). De la
Cierva no sólo le considera el responsable directo y consciente de estas
matanzas, sino que dice que el propio Carrillo "tenía sobre su tenebrosa
historia personal más sangre de enemigos -y de amigos y de correligionarios-
que cualquier otro personaje de la historia de España en el siglo XX" (De
la Cierva, Agonía y muerte de Franco,
ARC Editores, pág. 101).
Hay un testimonio bastante valioso a la hora de exculpar a
Carrillo de estas matanzas, al menos como responsable directo de las muertes:
el escritor y aristócrata José Luis de Vilallonga, que también perdió a algunos
parientes en Paracuellos, tuvo que entrevistarse con Carrillo en los tiempos de
la Junta Democrática de España, a la que ambos pertenecían. Vilallonga le
expresó su dificultad de entenderse con él por esos asesinatos, y Carrillo le
redactó en unas cuantas hojas "la verdadera historia de Paracuellos del
Jarama, donde los anarquistas jugaron un papel bastante más importante que el
mío". Según Vilallonga, "lo que leí me convenció de la posible
inocencia de Carrillo en la masacre de Paracuellos" (De Vilallonga, El Rey, Plaza & Janés Editores,
págs. 128-130).
Carrillo dimitió de la
consejería de Orden Público a finales de diciembre de 1936, por sus
discrepancias con el Gobierno de Largo Caballero, y continuó desarrollando
labores de comisario político, visitando los frentes de guerra (Madrid,
Barcelona, Aragón...) hasta que se tuvo que exiliar.
Siguió dirigiendo las JSU desde su exilio de París, pero éstas
fueron expulsadas de la Internacional Juvenil Socialista por ser demasiado
comunistas, y perdieron su capacidad de influir. En los años sucesivos estuvo
en Francia, Bélgica, la Unión Soviética, los Estados Unidos, Cuba, Argentina y
Uruguay, desempeñando labores de reorganización de los comunistas por orden de
Moscú; finalmente recaló en Portugal, donde trató de contactar con el
"exilio interior", los comunistas que se habían quedado en España.
No dudó en reprimir a aquellos dirigentes que pretendieron
actuar de manera autónoma, desoyendo las instrucciones de Moscú: fue el
responsable de las purgas de los dirigentes Heriberto Quiñones, Jesús Monzón y
Gabriel León Trilla; éste último fue asesinado a finales de 1945, presuntamente
por orden de la dirección del PCE.
Santiago Carrillo formó
parte, como ministro sin cartera, de los Gobiernos republicanos en el exilio
presididos por José Giral, entre agosto de 1945 y febrero de 1947, lo que
reavivó las tensiones entre los sectores moderados y filocomunistas del PSOE.
El 31
de diciembre de 1959 llegó a la secretaría general del Partido Comunista, mientras
que su antecesora, Dolores Ibárruri, fue nombrada presidenta del Partido, un
cargo simbólico carente de poder real. Carrillo fue evolucionando
políticamente, sin abandonar su ideario comunista: se desencantó con la Unión
Soviética y en especial con Leonidas Breznev (secretario general de la URSS
entre 1964 y 1982); condenó públicamente la represión de
la Primavera de Praga (1968), y en 1977 publicó "Eurocomunismo y
Estado", un documento que rompía con la ortodoxia soviética. También fue
crítico con el maoísmo y su Revolución Cultural, que consideró una sencilla
lucha por el poder en la China, amparada con excusas ideológicas. Tuvo cierta
amistad con el líder yugoslavo Tito, y sobre todo con el dictador rumano
Ceaucescu, quien le ayudó a contactar con la socialdemocracia española y con
los círculos próximos a Juan Carlos de Borbón en los últimos tiempos del
franquismo. También fue gran amigo del líder estalinista de Corea del Norte,
Kim Il Sung y con otro comunista de perfil más moderado: el italiano Enrico
Berlinguer, por su coincidencia sobre el eurocomunismo.
Las tesis eurocomunistas, grosso
modo, suponen la asunción de que para mejorar la sociedad hay que
transformar el capitalismo gradualmente, sin revoluciones ni dictaduras del
proletariado, aceptando los derechos humanos y las reglas democráticas, que
incluyen la coexistencia de diversos partidos, incluso los más capitalistas y
reaccionarios. Esta teoría pretende la consecución del comunismo por medio de
las urnas, aunque eso suponga que la clase obrera siga explotada a corto y
medio plazo.
Durante la Transición,
Carrillo mantuvo entrevistas clandestinas con los principales líderes de la
oposición, que querían saber cómo iban a reaccionar los comunistas cuando
Franco muriese. En estas reuniones tuvo un papel de primer orden su amigo, el
empresario Teodulfo Lagunero, que le transmitió a Juan de Borbón que los
comunistas españoles estarían dispuestos a aceptar la monarquía si ésta iba de
la mano con la democracia, y siempre que el pueblo aceptara esa forma de
Gobierno. El mismo mensaje le transmitió al hijo de don Juan, Juan Carlos,
gracias a personalidades muy diferentes: Manuel de Prado y Colón de Carvajal,
amigo íntimo del futuro Rey durante esos años; Nicolás Franco Pascual de Pobil,
sobrino del Caudillo; y el propio Ceaucescu.
En julio de 1974, el PCE
organizó desde París la Junta Democrática de España, en la que estuvieron
también el Partido Socialista Popular de Enrique Tierno Galván, las Comisiones
Obreras dirigidas por Marcelino Camacho, nacionalistas vascos, catalanes,
gallegos y valencianos, socialistas, liberales, los carlistas del pretendiente
Carlos Hugo, personalidades como Antonio García Trevijano o Rafael Calvo
Serer... su objetivo era coordinar a todas las fuerzas que se oponían al franquismo.
Entre sus reclamaciones estuvieron las siguientes: amnistía para los presos
políticos, legalización de todos los partidos, libertad sindical, de prensa, de
huelga y de manifestación, separación entre Iglesia y Estado, inhibición de las
Fuerzas Armadas en la vida política española, reconocimiento de las
nacionalidades catalana, vasca y gallega, un referéndum sobre la forma política
del Estado... En marzo de 1976, la Junta confluyó con un organismo similar, la
Plataforma de Convergencia Democrática -dirigida por el PSOE de Felipe
González-, formando un grupo que se conoce coloquialmente como la Platajunta.
Carrillo regresó
clandestinamente a España el 7 de abril de 1976, disfrazado con una peluca
confeccionada por el peluquero de Picasso. Entendía que en aquellos momentos la
lucha política debía hacerse día a día, con reflejos rápidos, lo que no habría
podido hacerse desde el extranjero, así que se alojó en Madrid, en uno de los
pisos francos que poseía el Partido Comunista, e inició la batalla para que el
Gobierno legalizase esta formación y le permitiese participar en las elecciones
a Cortes Constituyentes. Contactó personalmente con el Jefe del Gobierno,
Adolfo Suárez, a través de Jaime Ballesteros, miembro del Comité Central del
PCE, y del periodista José Mario Armero.
Además del entorno
franquista, Carrillo encontró importantes resistencias dentro de las fuerzas
democráticas a la hora de legalizar el Partido: Suárez tenía miedo de que
aquella medida pudiera provocar una reacción ultraderechista y una nueva
dictadura. Por otra parte, Felipe González sabía que si se llegaban a las
elecciones sin legalizar al PCE, los comunistas se verían obligados a votar en
masa a su partido, lo que le interesaba políticamente. Por eso, Carrillo adoptó
una táctica de hechos consumados. En julio de 1976 presidió en Roma un acto
multitudinario de defensa del PCE, en el que se mostraron públicamente como
comunistas los miembros de su directiva; entre ellos, Marcelino Camacho, Pilar
Brabo y Ramón Tamames. En el mes de noviembre organizó en Madrid un reparto
masivo de carnets del Partido, al tiempo que los militantes vendían a voces su
órgano de expresión, Mundo obrero. En
diciembre celebró una rueda de prensa clandestina, también en Madrid, donde
anunció ante la prensa española y extranjera que el PCE aprobaba los intentos
de reforma que estaba haciendo Suárez, y afirmaba que los comunistas no se iban
a dejar arrinconar en la democracia incipiente; añadió que llevaba varios meses
viviendo en la capital, de forma clandestina, y que estaba recomponiendo el
Partido desde dentro.
Fue detenido en Madrid el 22 de diciembre de 1976, después de
una asamblea clandestina. Las autoridades le ofrecieron deportarlo a Francia
para quitarse de encima esa "patata caliente", pero él se negó y fue
internado en la cárcel de Carabanchel. Las movilizaciones dentro y fuera de
España obligaron a Suárez a ponerlo en libertad a los pocos días: una comisión
de intelectuales y artistas (Pedro Laín Entralgo, Antonio Buero Vallejo, Manuel
Vázquez Montalbán, Juan Antonio Bardem, José Hierro, Aurora Bautista...)
consiguió reunir 6.000 firmas que exigían su libertad.
Siempre se ha sospechado que el propio político forzó su
detención, ya que en aquellos momentos le convenía poner a Suárez contra las
cuerdas, obligándole a tomar una resolución, la que fuera, que sacara a los
comunistas del limbo jurídico en que se hallaban. Alfonso Osorio, que en
aquella época era vicepresidente del Gobierno, piensa que "se dejó detener
deliberadamente para provocar una decisión del Gobierno". Coincide con él
el mismo Suárez: "Yo creo que cuando Carrillo viene a España (...), lo que
le apetecía era que le detuvieran para poder provocar lo que después consiguió
en última instancia, que fue acelerar el proceso de legalización del Partido
Comunista" (Alfonso Osorio, Trayectoria
política de un Ministro de la Corona, Editorial Planeta, págs. 255-256; Victoria
Prego, Presidentes, Plaza & Janés
Editores, pág. 51).
Carrillo no ha aclarado si provocó o no su detención, pero ha
reconocido que con ella puso en un brete a Suárez: "Durante el
interrogatorio me daba cuenta de que aquellos funcionarios, y detrás de ellos
el Gobierno, no sabían muy bien qué hacer conmigo. Habían logrado el éxito de detenerme, pero una vez
detenido me convertía en un problema; en realidad, no podían hacerme ninguna
imputación, ni siquiera por el paso ilegal de la frontera, pues era un
ciudadano que no había renunciado jamás a la nacionalidad española. Detenerme
para ponerme en libertad era demasiado ridículo. (...) Poco después de la
medianoche volvió (el comisario) Pastor anunciando que todo estaba arreglado: el Gobierno había hecho una gestión con las
autoridades francesas, dispuestas a recibirme en París, y en el aeropuerto de
Barajas me esperaba un Mystère que me
trasladaría allí esa misma noche".
"El arreglo
confirmaba mis previsiones: no tenían ninguna base sólida para detenerme y
estaban empantanados sin saber cómo desembarazarse de mí. En aquel momento, aun
siendo un preso, me sentía en una situación de fuerza. Así es que dirigiéndome
a Pastor le dije que me negaba a aceptar mi expulsión de España; carecían de
derecho a hacerlo. Además -le
expliqué-, si me envían a Francia esta
noche, dentro de tres días volveré a estar en Madrid, convocaré otra rueda de
prensa y a empezar de nuevo. No, envíenme ustedes a los tribunales y que éstos
resuelvan si me condenan o me absuelven; es la única solución que acepto."
"Me dieron a entender que al proponerme el avión, el
Gobierno se preocupaba de mi seguridad personal. No lo niego -les objeté-, pero
lo que a mí me preocupa son mis derechos de ciudadano español, que me han sido
negados durante demasiados años. El comisario Pastor volvió a ausentarse.
Más tarde he sabido que, al conocer mi respuesta, Landelino Lavilla, entonces
ministro de Justicia, confirmó a sus compañeros de Gobierno que, si yo me
negaba, no tenían ningún derecho legal a expulsarme" (Carrillo, Ibid., págs. 641-642). Hay que notar que
la palabra "éxito" aparece entrecomillada en el original, lo que puede
indicar un punto de ironía por parte de Carrillo, que sabe que fue él quien le
sirvió su detención en bandeja a los policías.
Efectivamente, el Gobierno no podía proceder contra Carrillo,
ya que una ley de 1969 había declarado prescritas todas las acciones cometidas
antes del primero de abril de 1939 (lo que dejaría fuera su presunta
responsabilidad en las matanzas de Paracuellos, por ejemplo); tampoco podía ser
deportado sin previo juicio. Así que el dirigente comunista pasó a disposición
del juez de Orden Público, que el día 30 de diciembre le dejó en libertad bajo
fianza.
El 24 de enero de 1977, un
grupo de pistoleros vinculados a la organización ultraderechista Fuerza Nueva
asesinó a los abogados laboralistas de un bufete de la calle Atocha, en Madrid,
por su vinculación con el PCE y Comisiones Obreras. Los asesinos entraron en el
despacho, agruparon a las personas que estaban allí dentro y les ametrallaron.
Los fallecidos fueron los abogados Francisco
Sauquillo, Luis Javier Benavides, Serafín Holgado y Enrique Valdevira, y el
auxiliar Ángel Rodríguez Leal. También resultaron heridos cuatro de sus
compañeros: Dolores González Ruiz, Miguel Sarabia, Alejandro Ruiz-Huerta y Luis
Ramos Pardo.
El entierro de los laboralistas se
convirtió en una muestra de la fuerza y la disciplina de las organizaciones
obreras: en el cortejo fúnebre participaron más de 150.000 personas, que
saludaron puño en alto el paso de los féretros en un perfecto silencio, sin
provocar el menor escándalo. Lo único que lograron los ultraderechistas fue que
la opinión pública viera la fuerza de las formaciones de izquierdas, su
disciplina y su voluntad de seguir adelante con un proceso democratizador, sin
responder a las provocaciones ni enzarzarse en luchas callejeras como en los
años previos a la Guerra Civil.
A principios de 1977, el PCE seguía
siendo ilegal. Los comunistas habían solicitado su inscripción en el Registro de Asociaciones Políticas, pero la
Administración envió el expediente al Tribunal Supremo, para que éste decidiera
si el Partido era legal o no; en abril de 1977, el Supremo declaró su
inhibición, y le devolvió la responsabilidad al Gobierno. Así que Suárez
decidió actuar sin ningún tipo de escudo legal. Después de cuarenta años, el
Partido Comunista de España fue legalizado el Sábado Santo (9 de abril) de
1977, aprovechando que el país entero estaba paralizado por las vacaciones.
La primera reacción
política fue la dimisión del ministro de Marina, el almirante Pita da Veiga.
Suárez y el Gobierno buscaron con desesperación a alguien que se quisiera hacer
cargo del ministerio, pero ninguno de los almirantes en activo quiso reemplazar
al dimisionario. Finalmente, encontraron a un mando de la Armada comprometido
con la democracia, el almirante Pascual Pery Junquera.
Como contrapartida a su
legalización, y para dejar claro su compromiso con la reforma política, el 14
de abril, aniversario de la II República, el PCE adoptó la bandera bicolor,
relegando a la Historia la vieja bandera republicana, aceptó el sistema
monárquico como una posibilidad para el nuevo Estado y se comprometió a
defender la unidad de España.
Carrillo consiguió un
escaño de diputado por Madrid, que repitió en las legislaturas de 1979 y 1982.
Los comunistas participaron en la redacción de la Constitución de 1978,
representados por Jordi Solé Tura, diputado del Partit Socialista Unificat de Catalunya, referente del PCE para
este territorio desde los tiempos de la Guerra Civil. También firmaron los
Pactos de La Moncloa" (1977), un acuerdo marco sobre los fundamentos
económicos y políticos de la nueva democracia.
En estos años, el comunismo español empezó a dividirse sin
remedio. En 1978 se abandonaron las tesis del marxismo-leninismo, con la
oposición de una minoría; algunos dirigentes muy destacados abandonaron el
partido o fueron expulsados en los años siguientes, por su descontento con el
personalismo de Carrillo: cabe destacar a Cristina Almeida, Nicolás Sartorius,
Ramón Tamames, Roberto Lersundi, Enrique Curiel, Carlos Alonso Zaldívar, Pilar
Brabo, Manuel Azcárate, "el cura Paco" (García Salve)...
La jornada del golpe de Estado del 23-F (1981) marcó el canto
del cisne de Carrillo; su valor al permanecer sentado en su escaño mientras los
golpistas dirigidos por el teniente coronel Tejero ametrallaban el hemiciclo, y
su entereza cuando le sacaron de la sala, a sabiendas de que sería de los
primeros en ser asesinado si el golpe triunfaba, le convirtieron -junto con Adolfo
Suárez y Manuel Gutiérrez Mellado- en un ejemplo para los demócratas españoles.
Dimitió como secretario general en junio de 1982, pero un
sector del Partido logró que diera marcha atrás en su decisión. Sin embargo, en
las siguientes elecciones, celebradas en octubre de aquel año, el PCE sufrió un
auténtico descalabro, así que dejó definitivamente la secretaría general (7 de
noviembre) y fue sustituido por Gerardo Iglesias. Después de muchas polémicas
con la nueva dirección, que no estaba dispuesta a dejarse controlar por él, fue
expulsado de la dirección del PCE en 1985, con una veintena de miembros del
Comité Central, y decidió darse de baja después de casi medio siglo de
militancia.
Mientras el Partido Comunista se unía a otras formaciones
-Izquierda Republicana, PASOC- en la coalición Izquierda Unida, él creó la Mesa
por la Unidad de los Comunistas, y posteriormente el Partido de los
Trabajadores de España (PTE), que no tuvieron el menor éxito. La descomposición
del bloque comunista europeo y la caída del Muro de Berlín en 1989, le
apartaron de la política. Sus últimos seguidores ingresaron en el PSOE en 1991,
aunque él prefirió no dar ese paso.
Al cumplir los noventa años (2005), fue homenajeado por la
clase política y los intelectuales de izquierdas y de centroderecha, incluyendo
antiguos rivales, por su importancia en la consecución de la democracia. En el
acto participó el Jefe del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Falleció en
Madrid como consecuencia de los achaques propios de su edad
avanzada.
Muy bueno todo el bloq y este artículo sobre Carrillo bien argumentado.
ResponderEliminarMuchas gracias ;)
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