domingo, 13 de enero de 2013

Incendios provocados en La Manga



            La Oficina Periférica de Comunicación (OPC) de la Guardia Civil informa de la detención de una persona a la que se imputa haber provocado unos incendios en el edificio donde tenía ubicado su restaurante.

            Hace unos días se declararon de manera simultánea varios incendios en una urbanización de La Manga; empezaron a arder una vivienda, dos restaurantes y un bajo comercial ubicados en el mismo edificio, y hubo que desalojar a tres familias.

            Unos especialistas del equipo ESIN de investigación de incendios de la Guardia Civil vinieron desde Valencia para esclarecer lo que había sucedido; en un momento dado se dieron cuenta de que de uno de los restaurantes siniestrados seguía saliendo un fuerte olor a gas. Los Bomberos utilizaron un medidor llamado explosímetro -cuyo nombre lo dice todo-, que reveló que en el aire había una concentración de gas superior al 80%. De manera que hubo que acordonar la zona, lo que obligó a cortar por completo la Gran Vía de La Manga durante cerca de una hora.

            El olor a gas provenía de los fogones y el horno de ese restaurante, así como de cuatro bombonas de butano que estaban en el interior; alguien las había dejado todas abiertas. Posteriormente se descubrió que también habían dejado abiertas cuatro bombonas del bajo comercial que ardió.


Una foto casi onírica. Fuente, OPC Guardia Civil Murcia

            Tanto ese restaurante como el bajo son propiedad de un hombre que fue detenido horas después en la denominada Operación Pedrucho. Presuntamente fue él quien abrió todas las espitas y bombonas de los dos inmuebles, provocando los incendios y poniendo a los vecinos en el riesgo añadido de una explosión de gas. Se trata de un hombre de 74 años, español, residente en Playa Honda (Cartagena), que cuando fue detenido llevaba el pelo chamuscado por las llamas.

            La Guardia Civil le ha imputado un delito de incendio con grave riesgo para la vida de las personas, algo que, según destaca la OPC, podría implicar una pena de prisión de 10 a 20 años (artículo 351 del Código Penal).

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